Washington y Beijing avanzan en un documento que incluye, según la Casa Blanca, el acceso de tierras raras de China, clave para la industria tecnológica y de defensa. Aunque el Gobierno de Xi Jinping ha entregado pocos detalles, se confirma la eliminación de contramedidas no arancelarias y la posibilidad de los chinos de acceder a tecnología clave de Estados Unidos.

China y Estados Unidos ya han acordado los términos del acuerdo que sellaron en su última ronda de negociaciones, celebrada en Londres, y Beijing "revisará y aprobará" las solicitudes de exportación de bienes restringidos, como las tierras raras, informó hoy el Ministerio chino de Comercio.

"Tras las negociaciones en Londres, los equipos de China y EE. UU. mantuvieron una comunicación cercana. Recientemente, con aprobación, ambas partes confirmaron los detalles del acuerdo", indicó un portavoz de la mencionada institución en un comunicado divulgado hoy en su página web oficial.

El documento indica que "China revisará y aprobará las solicitudes de exportación de bienes controlados que cumplan con las condiciones con arreglo a la ley", en una aparente referencia a las tierras raras, minerales clave para sectores como defensa o automoción y cuya producción controla el país asiático, que impuso restricciones a su venta al extranjero a principios de abril.

A cambio, asegura Comercio, "Estados Unidos cancelará una serie de medidas restrictivas que tomó contra China", sin ofrecer detalles al respecto.

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"Se espera que EE. UU. y China encuentren un término medio y cumplan con los importantes consensos y requisitos alcanzados por los jefes de Estado el pasado 5 de junio", apunta el comunicado, en referencia a la llamada entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que desbloqueó la situación y habilitó a que representantes comerciales de ambas potencias se reuniesen en Londres.

Así, China confirma las declaraciones que Trump efectuó este jueves, en las que reveló que EE. UU. había firmado el acuerdo con China un día antes, aunque sin ofrecer tampoco detalles al respecto.

No obstante, a mediados de junio, tras las dos jornadas de negociaciones en la capital británica, el líder republicano apuntó que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a los bienes del país norteamericano por parte de Beijing.

El entendimiento de Londres suponía el establecimiento de un marco de trabajo que implementase el "consenso" alcanzado por Xi y Trump en la mencionada llamada, aunque estaba pendiente precisamente de que ambos líderes diesen su visto bueno definitivo para su firma.

Esa ronda de negociaciones buscó rebajar las tensiones entre ambas potencias después de que se acusaran mutuamente de incumplir el acuerdo alcanzado en Ginebra (Suiza) en mayo, que dio comienzo a una tregua comercial de 90 días por la cual China reduciría del 125% al 10% sus aranceles a productos estadounidenses mientras que EE. UU. haría lo propio del 145% al 30% para los bienes chinos.

China había denunciado que EE. UU. había incumplido esa tregua al restringir la exportación de chips de inteligencia artificial (IA), suspender ventas de software de diseño de semiconductores o amenazar con revocar visados para estudiantes chinos, mientras que Washington consideraba que Beiing no honraba el pacto por las mencionadas limitaciones a las exportaciones de tierras raras.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump intensificó la guerra comercial que él mismo había iniciado en 2018 al dar comienzo a una escalada arancelaria contra China que se tradujo, en la práctica, en una suerte de embargo comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

El presidente Gustavo Petro sancionó el proyecto de ley de reforma laboral que atravesó un espinoso camino legislativo. La norma incluye medidas para consagrar la jornada laboral de ocho horas, aumentar el pago extra en domingos y festivos y exigir el pago de la seguridad social a los conductores de aplicaciones de reparto, entre otros.

A partir del próximo 1 de julio, el recargo dominical y festivo para los trabajadores formales en Colombia ya no será del 75%, sino del 80%. Y en julio de 2027 llegará al 100%.

Este es uno de los grandes cambios que introdujo la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aprobada la semana pasada en último debate por el Senado de la Republica y sancionada este miércoles 25 de junio por el mandatario.

La reforma aprobada también aumentará en un plazo de seis meses la jornada nocturna de trabajo para efectos de recargo. Actualmente, los empleados reciben un pago extra por trabajar a partir de las nueve de la noche y hasta las seis de la mañana y la nueva ley amplía el horario para que comience desde las siete de la noche.

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Así mismo, ratifica las disposiciones de una ley anterior, según la cual la semana laboral pasará de las 48 horas vigentes en 2023 a las 42 horas en 2026. El próximo mes, el tiempo de trabajo máximo semanal pasará de 46 a 44 horas.

Los analistas estiman que el aumento de los costos laborales como resultado de la reforma oscila entre el 6,8% y el 35%. Los gremios empresariales han advertido que el alza en este rubro dificultará la contratación formal.

La reforma de casi 100 páginas introduce cambios en otros aspectos como un tope a la duración de los contratos de prestación de servicios y nuevas reglas para la contratación para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También propende por la formalización de los repartidores por aplicaciones.

El presidente Petro afirmó que el Ministerio de Trabajo creará un grupo de trabajo para garantizar que los empleadores apliquen la reforma. Por su parte, el titular de la cartera, Antonio Sanguino, reveló que en los próximos días se expedirán los respectivos decretos reglamentarios.

El mandatario también animó a los colombianos a votar por los funcionarios que darán continuidad a la ley en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Necesitamos elegir un gobierno que proteja esta ley y la implemente. Porque ahora el gran problema con esta ley, como muchas otras vigentes, es que no se aplica. Una forma de evadir la ley es dejarla en letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución colombiana: en letra muerta

Horas antes de firmar la ley, el Gobierno publicó el decreto que deroga la convocatoria de la consulta popular con la que Petro buscaba tramitar su reforma.

El jefe de Estado había firmado el 11 de junio el decreto que convocaba a los colombianos a las urnas el 7 de agosto para que se expresaran en una consulta popular sobre estos cambios, a pesar de necesitaba tener la aprobación del Senado, que la rechazó.

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Con Reuters, EFE y medios locales