Desde el 20 de agosto, Estados Unidos pedirá a ciudadanos de países como Malaui y Zambia un depósito de hasta 15.000 dólares para tramitar visas de turismo o negocios. La medida busca reducir las estancias irregulares y se aplicará durante un programa piloto de 12 meses impulsado por la Administración Trump.

A partir del 20 de agosto de 2025, los ciudadanos de una lista indefinida de países que soliciten visas de turismo o negocios hacia Estados Unidos deberán pagar un depósito reembolsable de hasta 15.000 dólares.

La medida, anunciada oficialmente este martes 5 de agosto por el Departamento de Estado, hace parte de un programa piloto impulsado por la Administración del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es reducir las estadías irregulares de extranjeros en el país.

Y aunque inicialmente se espera que la medida dure tan solo 12 meses, el plan podría extenderse o modificarse según los resultados que arroje.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, explicó en rueda de prensa que la decisión responde a las cifras del año fiscal 2023, en el que el 14% de los visitantes de Malaui y el 11% de los provenientes de Zambia excedieron el tiempo autorizado de permanencia.

Con esta política, Washington busca enviar un mensaje claro: quien no cumpla las condiciones de su visa deberá asumir los costos económicos.

“No se trata de cerrar las puertas al turismo o al intercambio comercial, sino de establecer un sistema más riguroso y responsable para evitar abusos”, sostuvo Bruce.

El programa fue publicado esta semana en el Registro Federal y contempla la aplicación de la fianza a los solicitantes de las visas B-1 (visitas de negocios) y B-2 (turismo). Aunque el monto máximo fijado es de 15.000 dólares, el promedio estimado será de USD 10.000, dependiendo del perfil del solicitante.

Se espera que el pago se realice en línea mediante la plataforma Pay.Gov, y si el extranjero abandona el país dentro del periodo autorizado, el dinero será reembolsado en su totalidad. En caso de incumplimiento, la fianza será retenida por el Gobierno estadounidense como penalización.

La normativa se ampara en la sección 221(g)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite a los funcionarios consulares exigir garantías de salida a ciertos solicitantes.

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Pero aunque esta disposición existe desde hace décadas, hasta ahora había sido usada de forma excepcional, para casos particulares o a discreción de los funcionarios, pero ahora con la Administración Trump se ha decidido activarla como parte de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio, argumentando que en el último año fiscal más de 500.000 personas permanecieron en el país una vez vencidas sus visas.

Aunque la Casa Blanca no ha definido cuántas personas podrían estar sujetas a la nueva exigencia ni ha detallado qué países quedarán incluidos en la medida, cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, correspondientes a 2023, indican que varios países registran porcentajes elevados de sobreestadía en visas, la mayoría hacen parte del continente africano.

Entre ellos figuran Nigeria, Cabo Verde, Angola, Sierra Leona, Mauritania, Liberia, Burkina Faso y Afganistán. Sin embargo, la selección oficial de países se dará a conocer al menos dos semanas antes del inicio del programa y podría modificarse posteriormente con un aviso similar.

En una versión previa de esta iniciativa, diseñada en 2020 pero nunca ejecutada, el Gobierno estadounidense incluyó en la lista a ciudadanos de naciones como Irán, Libia, Sudán, Yemen, Siria, Chad, Congo, Eritrea, Laos, Birmania, y otros con registros migratorios considerados de riesgo.

Con medios locales